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¿Universalismo o Clasismo?

Tanto a la educación como a la salud públicas se las identifica con políticas sociales de carácter universalista y ciertamente en algún momento lo fueron, pero luego de casi una década kirchnerista precedida de otra menemista, se ha terminado de consolidar un universalismo en el que lo “público” es un componente reservado para los pobres, coherente con el camino de desigualdad creciente experimentado por la sociedad argentina.

Hace mas de un siglo, argentinos liberales diseñaron y llevaron a la práctica un sistema educativo público y gratuito abierto a toda la población con el propósito de integrar los hijos de una inmigración masiva a una nación en construcción. Este fue el espíritu de la Ley 1420 de 1884 creando el sistema nacional de educación, complementada posteriormente por la denominada Ley Lainez de 1905 que dio a la Nación la facultad de crear escuelas a solicitud de las provincias. La cobertura de este sistema se expandió notablemente hasta abarcar a prácticamente toda la población en edad escolar:  entre 1925 y 1965 la matrícula privada era inferior al 10% de la matrícula total

A mediados del siglo XX, el ministro peronista Ramón Carrillo instrumentaba un sistema público de salud, también gratuito, por vía de una decidida política de desarrollo de infraestructura sanitaria. Así de 63000 camas hospitalarias en 1946 se pasó a 108000 en 1955. Interesantemente, esto sucedía prácticamente en forma simultánea con el surgimiento del Servicio Nacional de Salud inglés, creación de posguerra, igualitario y público y que se constituyó en el símbolo de las políticas sociales universales basadas en el concepto de ciudadanía.

Por último, a fines del siglo pasado y comienzos del actual, un grupo de legisladores e intelectuales abogaba en nuestro país por la adopción de un sistema universal de asignaciones familiares, el que encontraba alta resistencia en los gobiernos kirchneristas hasta que la amenaza de sanción legislativa por parte de la oposición con el apoyo de la Iglesia Católica logró que en 2009, DNU mediante, la actual Presidente pusiera en vigencia la denominada Asignación Universal por Hijo.

¿Qué sucedió con esta vocación universalista y donde estamos parados hoy? . La respuesta es que se alcanzó el universalismo por vías de la privatización y  consolidando un modelo clasista de política social. Veamos,

Las falencias del sistema público de educación permitieron el avance de una privatización de facto que ha producido, especialmente en los últimos años, un notorio crecimiento de la porción de la matrícula ocupada por las denominadas escuelas públicas de gestión privada, que lo único que tienen de público es el subsidio estatal que reciben. Entre 1998 y 2009 la matricula del sector privado subsidiado pasó de 47% a 52% en CABA y de 33% a 40% en el Conurbano bonaerense.  Ya sea por el llamado “efecto guardería” (cuando ambos padres trabajan, precisan que no hayan días escolares perdidos), por la percepción de menor calidad educativa en el sector público o por la menor tolerancia de los padres a la mezcla de sectores sociales, lo cierto es que se terminó estructurando un sistema donde los de mayores ingresos envían a sus hijos a instituciones privadas, sectores medios y medios bajos a escuelas privadas subsidiadas y las escuelas públicas van quedando para los sectores mas pobres de la sociedad.

Este proceso es paralelo al ocurrido en el campo de la salud donde aquel impulso universalista público de Carrillo fue limitado en su mismo comienzo por el apoyo que el gobierno de Perón dio al surgimiento de obras sociales sindicales y que consolidó Onganía en 1970; obras sociales que en lugar de prestadoras, terminaron siendo financiadoras de servicios médicos realizados por el sector privado. Así y al igual que el sistema educativo, en el de salud los sectores mas ricos tienen seguros privados o pagan de su bolsillo, los sectores de trabajadores formales acceden a los servicios, privados en su abrumadora mayoría, que brindan las obras sociales y el hospital público queda para los trabajadores informales y los mas pobres en general.

Por último,  la forma que asumió el surgimiento de la mal denominada Asignación Universal por Hijo, dejó el siguiente panorama: los sectores de altos ingresos pueden deducir un monto significativo del impuesto a la ganancia en función del número de hijos que tienen a cargo. Los trabajadores del mercado formal tienen acceso a asignaciones familiares que no limitan el número de hijos al que pueden beneficiar ni colocan condiciones para su vigencia y es más, se adiciona un subsidio por escolaridad. La AUH, por otro lado, fue diseñada para los sectores mas pobres, tiene un límite en el número de hijos que pueden ser beneficiarios y exige condiciones para su vigencia que implican un sesgo clasista al suponer que a los pobres no les interesa ni la educación ni la salud de sus hijos.

A quienes les importa una Argentina mas igualitaria, repensar y reformar este sistema de políticas sociales, es indudablemente un tema de agenda.

1 comentario

  1. Pablo Gustavo Rodriguez

    Los funcionarios públicos deberían estar obligados a atenderse ellos y toda su familia en hospitales públicos estatales y a enviar a sus hijos sólo a escuelas públicas estatales.
    Los establecimientos privados que reciben subsidios estatales deberían estar obligados a atender a las mismas personas que atienden los establecimientos estatales y en las mismas condiciones. De lo contrario se les debería retirar el subsidio.
    Visiten http://www.yoestudieenlapublica.org/

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