Publicado en Clarin 12/03/2016

Los años kirchneristas han dejado un mercado de trabajo con elevados niveles de precariedad laboral que en especial afecta, junto con alto desempleo, a los sectores juveniles. Sobre la dimensión de pobreza ya nos enteraremos cuando el INDEC haya reconstruido su credibilidad. En relación a la previsión social, educación y salud  que son las áreas que absorben el 90% del gasto público social de los tres niveles de gobierno, el panorama es el siguiente:

En el tema previsional se extendió significativamente la cobertura mediante  moratorias cuyo efecto disminuye con el tiempo y así vuelve a crecer el porcentaje de mayores sin beneficios previsionales. Un sistema previsional donde los aportes y contribuciones  de trabajadores y empleadores solo alcanza a financiar la mitad del gasto en beneficios y donde hay prácticamente un aportante regular por cada beneficiario. Esta hipoteca hacia el futuro precisa una significativa reforma, deber no cumplido por estos gobiernos.

Tanto a la educación como a la salud públicas se las identifica con políticas sociales de carácter universalista pero luego de casi una década kirchnerista precedida de otra menemista, se ha terminado de consolidar un “universalismo” en el que lo “público” es un componente reservado para los pobres. Veamos:

Las falencias del sistema público de educación permitieron el avance de una privatización de facto que ha producido, especialmente en los últimos años, un notorio crecimiento de la porción de la matrícula ocupada por las denominadas escuelas públicas de gestión privada. Entre 1998 y 2009 la matricula del sector privado subsidiado pasó de 47% a 52% en CABA y de 33% a 40% en el Conurbano bonaerense. Se terminó estructurando un sistema donde los de mayores ingresos envían a sus hijos a instituciones privadas, sectores medios y medios bajos a escuelas privadas subsidiadas y las escuelas públicas van quedando para los sectores mas pobres de la sociedad.

Este proceso es paralelo al ocurrido en el campo de la salud donde las obras sociales son financiadoras de servicios médicos realizados por el sector privado. Así y al igual que el sistema educativo, en el de salud los sectores mas ricos tienen seguros privados o pagan de su bolsillo, los sectores de trabajadores formales acceden a los servicios de las obras sociales y el hospital público queda para los trabajadores informales y los mas pobres en general.

Por último, la Asignación Universal por Hijo (AUH) había surgido por decreto a comienzos de esta década como respuesta al proyecto de ley sobre el tema que los diversos bloques legislativos de la oposición habían consensuado y se aprestaban aprobar con el apoyo de la lglesia Católica.  La forma que asumió la AUH dejó el siguiente panorama: los sectores de altos ingresos pueden deducir un monto del impuesto a la ganancia en función del número de hijos que tienen a cargo. Los trabajadores del mercado formal tienen acceso a asignaciones familiares que no limitan el número de hijos al que pueden beneficiar ni colocan condiciones para su vigencia y más aun, reciben un subsidio por escolaridad. La AUH, por otro lado, fue diseñada para los sectores mas pobres, tiene un límite en el número de hijos que pueden ser beneficiarios y exige condiciones para su vigencia que implican un sesgo clasista al suponer que a los pobres no les interesa ni la educación ni la salud de sus hijos algo que, por supuesto, necesita ser probado.

La tarea de alcanzar un sistema de políticas sociales mas racional, equitativo e igualitario es un desafío para alcanzar una sociedad mas avanzada. El desafío es titánico teniendo en cuenta que se trata de redireccionar un cuarto del PBI de nuestra sociedad y plagado de intereses que no tienen ningún interés en modificar el statu quo. Si la voluntad es la reforma del complejo sistema de políticas sociales y no solo la simple administración del existente, la tarea de definir el horizonte deseado es imprescindible y debe realizarse lo antes posible.